29/03/2006
EL CEMENTO EN ASTURIAS, ASUNTO DE ESTADO
Sobre el dilema cementero que, como se sabe, la Autoridad Portuaria deberá decidir el día 31 de Marzo, no se advierten opiniones políticas –este no es su foro, parece ser- la cúpula empresarial permanece pasiva ante lo que se ventila; y estas conductas mueven a la perplejidad. Desde el mundo real, que por razones de trabajo conozco bien, y en mi condición de miembro de una Institución de Derecho Público, a quien no represento, encargada de la microeconomía –la economía de la empresa-; conviene trasladar a la opinión pública lo que tiene delante el responsable portuario: el sistema de libre mercado permite la entrada y salida de vendedores y compradores; una empresa trata de entrar, pero la otra tiene el monopolio o poder de mercado (un solo vendedor en lugar de varios), consecuencia de la ausencia de competencia, cuestión solapada de interés general.
Si la Autoridad Portuaria no se ocupa de establecer una clara separación entre la empresa normal –la que actúa en competencia- y el monopolio; todo el conjunto de normas, tanto administrativas (concesiones, subvenciones, etc) como mercantiles (plazos, precios, normas de gestión, usos comerciales) que están pensadas para aplicar al empresario normal, al ser aplicadas a los monopolios, se vuelven en contra del interés general. Por ello, toda información útil aportada a la opinión pública no tiene carácter confidencial, y, si se le priva de la información en razón de la confidencialidad, no puede comprobar que la decisión tomada es la adecuada. Frente al caso de un empresario normal que actúe sometido a la competencia y que tiene derecho a mantener confidenciales numerosos datos, el monopolio no puede tener ese derecho, justamente porque el consumidor no puede hacer lo que hace en los casos en que funciona la competencia: irse a comprar a otra empresa.. El producto, antecedentes históricos.- El cemento, la base de infraestructuras y edificaciones, es un producto intermedio en la actividad constructora, materia prima de la industria de materiales. No lleva en su interior ni proyectos, ni diseño, ni publicidades; los tres factores apreciados. Su cliente, la construcción, fabrica un producto de alto coste unitario denominado obra: pública –inversiones de capital fijo de rendimiento social elevado- y vivienda –bien de consumo duradero, bien de inversión de alto valor-. La construcción, el consumidor final, es un sector de competencia local (las obras y las casas no se pueden transportar); los constructores trabajan con las condiciones que se den en cada mercado. Y el principal cliente de la construcción es el Estado, a través de la Obra Pública. El transporte es el factor clave de su comercialización. Mover 25Tm. en un camión más de 100 Kms., resulta caro. Los movimientos se producen cuando existe acceso marítimo, pues el transporte por barco es el único medio que por su volumen de carga es capaz de reducir el coste. El precio del cemento estuvo intervenido por el Estado desde el final de la Guerra Civil hasta 1980, año en que se liberalizó. Así comenzó el proceso de liberalización de la economía. Desde entonces, no se logró en Asturias el propósito de aquel gobierno: fomentar competencia real y efectiva, lo que significa coste menor de la materia prima. Los precios han sido y siguen siendo linealmente crecientes, los mas altos de España. El mercado y sus causas.- Entre el vendedor y el cliente (constructor-industrial) existe una enorme diferencia de potencial financiero. Dicha diferencia, apoyada por la nula competencia, permite al vendedor imponer sus precios, que no se forman ni se ajustan libremente en el mercado, sin ningún protagonismo por parte del cliente. Y, a través de efectos secundarios, esta imposición se traslada a los grandes contratistas de Obra Pública. Estas son las reglas, no hay otras. Por otra parte, el proceso de integración vertical llevado a cabo por el grupo cementero, debido a la capacidad financiera generada en estas décadas, tanto hacia atrás (canteras, áridos) como adelante (hormigón, morteros, prefabricados), supuso que parte de las empresas consumidoras quedaron absorbidas. La fuerza de negociación por el lado de la demanda es menor respecto a los precios de suministro, ya que la oferta de cemento/hormigón se concentró, adquiriendo ésta más fuerza. El poder de la oferta predomina sobre la capacidad de presión de la demanda, la voluntad del cliente. Este desequilibrio unido al coste del transporte convierte al libre mercado, en la práctica, en un mercado cautivo, uno más de los activos del balance del vendedor; su mejor activo protegido por barreras naturales.
Los efectos.- Esa concentración excesiva de la oferta frena la entrada de nuevos competidores a los sectores conexos por ser proveedor y competidor, perjudica la competitividad de los materiales: la importancia de la materia prima es tal que la capacidad de reducir el precio, mejorando el proceso productivo y distributivo, es nula; margina la industria –productos maduros- al mercado interior que ha de batirse con competidores foráneos arrebatando pedidos. Así andamos ahora en campaña de materiales, rozando el fundamentalismo del mercado, lo que evidencia que a la economía la dirige los precios; en política comercial estas son las reglas, no hay otras.
Y, en segunda ronda, a los ciudadanos doblemente. En términos generales, el valor relativo que representa el coste del cemento en el volumen de la obra es bajo, atendiendo a la tipología de la obra. No así, el efecto multiplicador traslativo del mínimo desajuste en el precio de suministro que, al penetrar en la cadena del valor de la construcción en forma de hormigón preparado o prefabricado, se convierte en un coste inflacionario añadido al producto fabricado; que el ciudadano compra y paga como consumidor-inversor de un bien de consumo duradero (vivienda) y como contribuyente (mayor esfuerzo fiscal para financiar la Obra Pública). A mayor volumen mayor efecto multiplicador. Esta inflación, aunque no se manifieste en el coste de la vida, queda aquí (las casas y las obras públicas no son transportables). No es casual que Oviedo tenga la vivienda un 27% más cara que una capital como Valencia, cuya población es diez veces mayor, según la Sociedad de Tasación.
El poder de mercado.- En el mercado del cemento constituido en la zona Norte del área geográfica como monopolio estructurado regionalmente, una empresa en cada región, y oligopolio (unos pocos) a nivel nacional controlando el mercado al definir los precios por regiones; la única forma posible de forzar a la baja los precios es que se permita la libertad de entrada a nuevos competidores, gracias al acceso marítimo. Digo posible, porque las cementeras del oligopolio -compiten en todo menos en precios- para apuntalar el entramado del que surgen los beneficios de monopolio. En suma, economía cerrada en el s.XXI para un producto del XIX. Además, una inversión en la primera producción (clinker, fase contaminante del proceso) para una industria de capital intensivo, cuando la base productiva está localizada en terceros países por imperativos del desarrollo económico, que precisa de un fuerte respaldo financiero sin el atractivo de la innovación tecnológica, acosada por los ecologistas, y sometida al ciclo de la construcción; en Asturias, una región con dos puertos aspirantes al referente granelero del Norte de España. Dicha inversión no resulta creíble (o algo peor), según reglas de criterio humano. La correlación: modelo cerrado-inversión inviable es el mecanismo que establece las barreras de entrada a la competencia. La mera tenencia atribuye el poder de mercado y los precios –rentas- resultantes al monopolista.
El impacto que ha tenido la competencia en los mercados del arco Mediterráneo, con el hundimiento de los precios, ha supuesto una baza para presionar a la baja los precios del hormigón, y la capacidad real de vender en cada punto de consumo del área geográfica nacional para la industria de materiales, pese al inconveniente clásico del coste asociado del transporte. Una parte significativa de la riqueza generada por la construcción se trasvasa en compras de materiales derivados de alto valor añadido fabricados en esa zona. La experiencia muestra que la llave de todos los negocios industriales consiste en controlar las materias primas.
No parece justo que el conjunto de consumidores y ciudadanos paguemos precios que encierren rentas de monopolio, y nos hace de peor condición, en relación a competitividad y poder adquisitivo, al situarnos en clara desventaja respecto a los de zonas de máxima influencia económica donde consideran: problema superado.
En economía real, la economía de las cosas, los procesos son acumulativos; cuando algo va mal, van muchas cosas mal a la vez.
El solapamiento, la confusión y las trabas administrativas solamente refuerzan posiciones de privilegio, a quien ya se encuentra en el mercado, sin aportar beneficios a nadie; porque el mercado no funciona eficientemente, aunque algunos les va bien; así de claro.
El tratamiento al administrado en general no debe ser el mismo que hay que dar al administrado monopolio, debido a su inmenso poder. Fdez-Ordoñez escribe: “Los monopolios siempre están dispuestos a hacer concesiones en negociaciones secretas, ya que saben que en el secreto de los despachos consiguen mucho más que si sus problemas son discutidos con total transparencia por el conjunto de los consumidores y ciudadanos. Mas que enfrentarse a decisiones desfavorables, lo cual atrae la atención de la opinión pública y puede ser negativo para sus intereses, de lo que se trata es que las decisiones sean favorables a los mismos. Esta técnica es la optima, porque da la imagen de que el interés general ha quedado defendido y, por tanto, no sólo se consigue por parte de los monopolistas que salga adelante su interés particular, sino que además, se evita que la opinión pública se de cuenta de que los intereses particulares se están imponiendo sobre el interés general”. Razón explicativa de la tendencia a la falta de publicidad y transparencia.
Considera Stiglitz.J (Premio Nóbel 2001) funciones del S. Público:“ Proporcionar el marco legal e institucional que permita el cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de propiedad, así como garantizar la seguridad de las personas y las cosas. Promover la competencia entre las empresas, así como proveer de bienes públicos. Proporcionar las infraestructuras sociales, física e institucional necesarias para permitir un funcionamiento eficiente de los mercados. Promover una distribución de la renta consistente con los valores de la sociedad a la que sirve”.
Cabe aplicar al caso algunas reflexiones de dos autoridades académicas de la tierra respecto a la economía de la región. El catedrático gijonés Agüera Sirgo señalaba (11-12-2005) en prensa local: en Asturias hay muchos grupos de poder que viven de la crisis permanente. Y (17-02-2002) el luanquín A. Cuervo:“Los monopolios se consideran como modelos, aunque se apropien de las rentas de los asturianos; a todos los poderes les interesan porque pueden negociar compensaciones. Una empresa que actúa en mercados competitivos nada puede ofrecer y nada demanda, como no sea el correcto funcionamiento de los mercados. Ello explica nuestra pasividad....................................Cuando se es monopolista se puede ser muy regionalista, pues las compensaciones son fáciles de obtener; simplemente mantiene su posición de apropiación de rentas de los asturianos porque todo lo hacen por Asturias”.
Fdez-Ordóñez (C. Nacional del Sistema Eléctrico):“La primera receta para mejorar el funcionamiento de cualquier sector económico es la de tratar que subsistan las menos actividades en monopolio que sean posibles”.
Como en el Sector de la construcción falla el mercado del elemento primario, en la medida de su incidencia social, alguien tendrá que revisar las barreras de entrada, porque si no, esto no tiene sentido ¿de qué sirve emprender un camino de liberalización para acabar en un monopolio?
Por sí solo, el mercado no tiene la fuerza suficiente para compensar el poder del monopolio, tal como hemos visto, y ese inmenso poder es lo verdaderamente preocupante, ya que se extiende a otros ámbitos. Al alcance de todos está intuir la alternativa: o la Autoridad actúa de contrapeso o la región queda condenada a pagar precios de monopolio.
A las empresas (grandes y pequeñas) y al mercado les interesan un Estado firme en donde le compete, entre otras funciones: promover la competencia y la defensa de los derechos de las personas, tanto en su condición de productores como de consumidores. En una región estancada como la nuestra, cualquier Sector económico, en este caso el Sector de la construcción, no puede sostener un modelo industrial de los años 40, con los efectos no deseados que provoca, en la medida en que incide tanto en la industria como en el carácter social del producto fabricado: Obra Pública y vivienda; que va en contra de la política económica del tiempo que toca vivir.
El verdadero patrimonio de una empresa cementera es su mercado. Pero el acontecer económico de la vida de las cementeras está muy condicionado por la evolución y el desarrollo del mercado consumidor. Una parte de la riqueza de la actividad constructora, que es generada por la propia región por el hecho de decisiones políticas, sin posibilidades de ser atribuida a la concreta industria de nadie en particular, debería revertir en la propia región. Dentro de la tragedia empresarial que tenemos –falta de empresa capaz de ser rentable en entornos competitivos-, por lo menos el mercado asturiano de cemento es el más cotizado de toda España, a la vista del volumen de obra a ejecutar y la posición estratégica que ocupa la región en el tercio norte peninsular. Nunca se dieron circunstancias tan favorables para que los responsables de política económica centren su atención en este asunto que el mercado no resuelve ni la opinión pública controla dada la falta de transparencia y publicidad posible.
Los cambios en las regulaciones comerciales y la reducción de costes de transporte marítimo están creando oportunidades a nuevos flujos comerciales. En la necesidad de que la producción sea más barata y competitiva, es preciso recurrir a terceros países con estructura de costes mas barata, si se quiere potenciar una industria más diversificada en materiales de construcción con mayor valor añadido que el cemento con más y mejores productos y servicios a precios más bajos; es decir mayor calidad de vida y más puestos de trabajo. El cemento no es el carbón; ni la construcción, la minería.
La Autoridad Portuaria -el Estado- deberá asumir objetivos que no le son propios, como calibrar adecuadamente sus efectos sobre el conjunto de consumidores y ciudadanos para determinar el sentido de la decisión, aunque la información está en manos empresariales y su utilización por la Administración resulta materia delicada. Y, en esta singularidad, para que cumpla con su segunda razón de ser: promover la competencia. Lo demás puede hacer más mal que bien, según enseña la experiencia histórica.
Avances que son vitales para el bien de la industria, el empleo, los consumidores y del propio Estado. Una sociedad educada, laboriosa y ahorradora como la nuestra exige decisiones basadas en la ciencia y la experiencia para evolucionar positivamente; no en criterios vinculados por regionalismos o servidumbres de carácter medieval. Las personas no son mercancía, no están sujetas a las reglas del mercado, sino que se benefician del elemento básico del sistema: la competencia.
Hoy día 27, exactamente a cuatro días de la decisión, podemos contrastar todo lo anteriormente expuesto por la nota de prensa aparecida que literalmente trascrita dice así: “Tudela Veguín vincula su plan a la ampliación portuaria en la margen derecha de la ría.......para actividades relacionadas con la manipulación de escoria....advierte del peligro que supondría la apertura de una molienda de cemento para el empleo en las fabricas que ya funcionan en la región y se apela al nacionalismo económico en base a la teoría de que Asturias es una comunidad autosuficiente en materia de cemento y, en consecuencia, no necesita de nuevos productores”.
Aquí hace falta que el responsable portuario se convenza de que la solución viene desde dentro, no de afuera, tal como sucedió en otros lugares. Si queda desierta la concesión hasta que la iniciativa privada autóctona desarrolle un proyecto con peso y reputación suficiente, como para introducir rivalidad en el mercado interior, en balance la región ganaría más de lo que pierde.
Este razonamiento se basa en las ventajas comparativas respecto a los demás (posibilidad del transporte marítimo, posición estratégica) y en la teoría del cemento acumulado. Según esta tesis cuando una región ya ha construido sus infraestructuras y ha albergado dignamente a su población, el consumo se estanca a un determinado nivel; el mercado ya está maduro y convierte al cemento en un mal negocio. No es el caso de Asturias.
Álvaro Fernández Vega Consultor-Asesor. Construcción Miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficialde Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias.
EL CEMENTO EN ASTURIAS, ASUNTO DE ESTADO
Sobre el dilema cementero que, como se sabe, la Autoridad Portuaria deberá decidir el día 31 de Marzo, no se advierten opiniones políticas –este no es su foro, parece ser- la cúpula empresarial permanece pasiva ante lo que se ventila; y estas conductas mueven a la perplejidad. Desde el mundo real, que por razones de trabajo conozco bien, y en mi condición de miembro de una Institución de Derecho Público, a quien no represento, encargada de la microeconomía –la economía de la empresa-; conviene trasladar a la opinión pública lo que tiene delante el responsable portuario: el sistema de libre mercado permite la entrada y salida de vendedores y compradores; una empresa trata de entrar, pero la otra tiene el monopolio o poder de mercado (un solo vendedor en lugar de varios), consecuencia de la ausencia de competencia, cuestión solapada de interés general.
Si la Autoridad Portuaria no se ocupa de establecer una clara separación entre la empresa normal –la que actúa en competencia- y el monopolio; todo el conjunto de normas, tanto administrativas (concesiones, subvenciones, etc) como mercantiles (plazos, precios, normas de gestión, usos comerciales) que están pensadas para aplicar al empresario normal, al ser aplicadas a los monopolios, se vuelven en contra del interés general. Por ello, toda información útil aportada a la opinión pública no tiene carácter confidencial, y, si se le priva de la información en razón de la confidencialidad, no puede comprobar que la decisión tomada es la adecuada. Frente al caso de un empresario normal que actúe sometido a la competencia y que tiene derecho a mantener confidenciales numerosos datos, el monopolio no puede tener ese derecho, justamente porque el consumidor no puede hacer lo que hace en los casos en que funciona la competencia: irse a comprar a otra empresa.. El producto, antecedentes históricos.- El cemento, la base de infraestructuras y edificaciones, es un producto intermedio en la actividad constructora, materia prima de la industria de materiales. No lleva en su interior ni proyectos, ni diseño, ni publicidades; los tres factores apreciados. Su cliente, la construcción, fabrica un producto de alto coste unitario denominado obra: pública –inversiones de capital fijo de rendimiento social elevado- y vivienda –bien de consumo duradero, bien de inversión de alto valor-. La construcción, el consumidor final, es un sector de competencia local (las obras y las casas no se pueden transportar); los constructores trabajan con las condiciones que se den en cada mercado. Y el principal cliente de la construcción es el Estado, a través de la Obra Pública. El transporte es el factor clave de su comercialización. Mover 25Tm. en un camión más de 100 Kms., resulta caro. Los movimientos se producen cuando existe acceso marítimo, pues el transporte por barco es el único medio que por su volumen de carga es capaz de reducir el coste. El precio del cemento estuvo intervenido por el Estado desde el final de la Guerra Civil hasta 1980, año en que se liberalizó. Así comenzó el proceso de liberalización de la economía. Desde entonces, no se logró en Asturias el propósito de aquel gobierno: fomentar competencia real y efectiva, lo que significa coste menor de la materia prima. Los precios han sido y siguen siendo linealmente crecientes, los mas altos de España. El mercado y sus causas.- Entre el vendedor y el cliente (constructor-industrial) existe una enorme diferencia de potencial financiero. Dicha diferencia, apoyada por la nula competencia, permite al vendedor imponer sus precios, que no se forman ni se ajustan libremente en el mercado, sin ningún protagonismo por parte del cliente. Y, a través de efectos secundarios, esta imposición se traslada a los grandes contratistas de Obra Pública. Estas son las reglas, no hay otras. Por otra parte, el proceso de integración vertical llevado a cabo por el grupo cementero, debido a la capacidad financiera generada en estas décadas, tanto hacia atrás (canteras, áridos) como adelante (hormigón, morteros, prefabricados), supuso que parte de las empresas consumidoras quedaron absorbidas. La fuerza de negociación por el lado de la demanda es menor respecto a los precios de suministro, ya que la oferta de cemento/hormigón se concentró, adquiriendo ésta más fuerza. El poder de la oferta predomina sobre la capacidad de presión de la demanda, la voluntad del cliente. Este desequilibrio unido al coste del transporte convierte al libre mercado, en la práctica, en un mercado cautivo, uno más de los activos del balance del vendedor; su mejor activo protegido por barreras naturales.
Los efectos.- Esa concentración excesiva de la oferta frena la entrada de nuevos competidores a los sectores conexos por ser proveedor y competidor, perjudica la competitividad de los materiales: la importancia de la materia prima es tal que la capacidad de reducir el precio, mejorando el proceso productivo y distributivo, es nula; margina la industria –productos maduros- al mercado interior que ha de batirse con competidores foráneos arrebatando pedidos. Así andamos ahora en campaña de materiales, rozando el fundamentalismo del mercado, lo que evidencia que a la economía la dirige los precios; en política comercial estas son las reglas, no hay otras.
Y, en segunda ronda, a los ciudadanos doblemente. En términos generales, el valor relativo que representa el coste del cemento en el volumen de la obra es bajo, atendiendo a la tipología de la obra. No así, el efecto multiplicador traslativo del mínimo desajuste en el precio de suministro que, al penetrar en la cadena del valor de la construcción en forma de hormigón preparado o prefabricado, se convierte en un coste inflacionario añadido al producto fabricado; que el ciudadano compra y paga como consumidor-inversor de un bien de consumo duradero (vivienda) y como contribuyente (mayor esfuerzo fiscal para financiar la Obra Pública). A mayor volumen mayor efecto multiplicador. Esta inflación, aunque no se manifieste en el coste de la vida, queda aquí (las casas y las obras públicas no son transportables). No es casual que Oviedo tenga la vivienda un 27% más cara que una capital como Valencia, cuya población es diez veces mayor, según la Sociedad de Tasación.
El poder de mercado.- En el mercado del cemento constituido en la zona Norte del área geográfica como monopolio estructurado regionalmente, una empresa en cada región, y oligopolio (unos pocos) a nivel nacional controlando el mercado al definir los precios por regiones; la única forma posible de forzar a la baja los precios es que se permita la libertad de entrada a nuevos competidores, gracias al acceso marítimo. Digo posible, porque las cementeras del oligopolio -compiten en todo menos en precios- para apuntalar el entramado del que surgen los beneficios de monopolio. En suma, economía cerrada en el s.XXI para un producto del XIX. Además, una inversión en la primera producción (clinker, fase contaminante del proceso) para una industria de capital intensivo, cuando la base productiva está localizada en terceros países por imperativos del desarrollo económico, que precisa de un fuerte respaldo financiero sin el atractivo de la innovación tecnológica, acosada por los ecologistas, y sometida al ciclo de la construcción; en Asturias, una región con dos puertos aspirantes al referente granelero del Norte de España. Dicha inversión no resulta creíble (o algo peor), según reglas de criterio humano. La correlación: modelo cerrado-inversión inviable es el mecanismo que establece las barreras de entrada a la competencia. La mera tenencia atribuye el poder de mercado y los precios –rentas- resultantes al monopolista.
El impacto que ha tenido la competencia en los mercados del arco Mediterráneo, con el hundimiento de los precios, ha supuesto una baza para presionar a la baja los precios del hormigón, y la capacidad real de vender en cada punto de consumo del área geográfica nacional para la industria de materiales, pese al inconveniente clásico del coste asociado del transporte. Una parte significativa de la riqueza generada por la construcción se trasvasa en compras de materiales derivados de alto valor añadido fabricados en esa zona. La experiencia muestra que la llave de todos los negocios industriales consiste en controlar las materias primas.
No parece justo que el conjunto de consumidores y ciudadanos paguemos precios que encierren rentas de monopolio, y nos hace de peor condición, en relación a competitividad y poder adquisitivo, al situarnos en clara desventaja respecto a los de zonas de máxima influencia económica donde consideran: problema superado.
En economía real, la economía de las cosas, los procesos son acumulativos; cuando algo va mal, van muchas cosas mal a la vez.
El solapamiento, la confusión y las trabas administrativas solamente refuerzan posiciones de privilegio, a quien ya se encuentra en el mercado, sin aportar beneficios a nadie; porque el mercado no funciona eficientemente, aunque algunos les va bien; así de claro.
El tratamiento al administrado en general no debe ser el mismo que hay que dar al administrado monopolio, debido a su inmenso poder. Fdez-Ordoñez escribe: “Los monopolios siempre están dispuestos a hacer concesiones en negociaciones secretas, ya que saben que en el secreto de los despachos consiguen mucho más que si sus problemas son discutidos con total transparencia por el conjunto de los consumidores y ciudadanos. Mas que enfrentarse a decisiones desfavorables, lo cual atrae la atención de la opinión pública y puede ser negativo para sus intereses, de lo que se trata es que las decisiones sean favorables a los mismos. Esta técnica es la optima, porque da la imagen de que el interés general ha quedado defendido y, por tanto, no sólo se consigue por parte de los monopolistas que salga adelante su interés particular, sino que además, se evita que la opinión pública se de cuenta de que los intereses particulares se están imponiendo sobre el interés general”. Razón explicativa de la tendencia a la falta de publicidad y transparencia.
Considera Stiglitz.J (Premio Nóbel 2001) funciones del S. Público:“ Proporcionar el marco legal e institucional que permita el cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de propiedad, así como garantizar la seguridad de las personas y las cosas. Promover la competencia entre las empresas, así como proveer de bienes públicos. Proporcionar las infraestructuras sociales, física e institucional necesarias para permitir un funcionamiento eficiente de los mercados. Promover una distribución de la renta consistente con los valores de la sociedad a la que sirve”.
Cabe aplicar al caso algunas reflexiones de dos autoridades académicas de la tierra respecto a la economía de la región. El catedrático gijonés Agüera Sirgo señalaba (11-12-2005) en prensa local: en Asturias hay muchos grupos de poder que viven de la crisis permanente. Y (17-02-2002) el luanquín A. Cuervo:“Los monopolios se consideran como modelos, aunque se apropien de las rentas de los asturianos; a todos los poderes les interesan porque pueden negociar compensaciones. Una empresa que actúa en mercados competitivos nada puede ofrecer y nada demanda, como no sea el correcto funcionamiento de los mercados. Ello explica nuestra pasividad....................................Cuando se es monopolista se puede ser muy regionalista, pues las compensaciones son fáciles de obtener; simplemente mantiene su posición de apropiación de rentas de los asturianos porque todo lo hacen por Asturias”.
Fdez-Ordóñez (C. Nacional del Sistema Eléctrico):“La primera receta para mejorar el funcionamiento de cualquier sector económico es la de tratar que subsistan las menos actividades en monopolio que sean posibles”.
Como en el Sector de la construcción falla el mercado del elemento primario, en la medida de su incidencia social, alguien tendrá que revisar las barreras de entrada, porque si no, esto no tiene sentido ¿de qué sirve emprender un camino de liberalización para acabar en un monopolio?
Por sí solo, el mercado no tiene la fuerza suficiente para compensar el poder del monopolio, tal como hemos visto, y ese inmenso poder es lo verdaderamente preocupante, ya que se extiende a otros ámbitos. Al alcance de todos está intuir la alternativa: o la Autoridad actúa de contrapeso o la región queda condenada a pagar precios de monopolio.
A las empresas (grandes y pequeñas) y al mercado les interesan un Estado firme en donde le compete, entre otras funciones: promover la competencia y la defensa de los derechos de las personas, tanto en su condición de productores como de consumidores. En una región estancada como la nuestra, cualquier Sector económico, en este caso el Sector de la construcción, no puede sostener un modelo industrial de los años 40, con los efectos no deseados que provoca, en la medida en que incide tanto en la industria como en el carácter social del producto fabricado: Obra Pública y vivienda; que va en contra de la política económica del tiempo que toca vivir.
El verdadero patrimonio de una empresa cementera es su mercado. Pero el acontecer económico de la vida de las cementeras está muy condicionado por la evolución y el desarrollo del mercado consumidor. Una parte de la riqueza de la actividad constructora, que es generada por la propia región por el hecho de decisiones políticas, sin posibilidades de ser atribuida a la concreta industria de nadie en particular, debería revertir en la propia región. Dentro de la tragedia empresarial que tenemos –falta de empresa capaz de ser rentable en entornos competitivos-, por lo menos el mercado asturiano de cemento es el más cotizado de toda España, a la vista del volumen de obra a ejecutar y la posición estratégica que ocupa la región en el tercio norte peninsular. Nunca se dieron circunstancias tan favorables para que los responsables de política económica centren su atención en este asunto que el mercado no resuelve ni la opinión pública controla dada la falta de transparencia y publicidad posible.
Los cambios en las regulaciones comerciales y la reducción de costes de transporte marítimo están creando oportunidades a nuevos flujos comerciales. En la necesidad de que la producción sea más barata y competitiva, es preciso recurrir a terceros países con estructura de costes mas barata, si se quiere potenciar una industria más diversificada en materiales de construcción con mayor valor añadido que el cemento con más y mejores productos y servicios a precios más bajos; es decir mayor calidad de vida y más puestos de trabajo. El cemento no es el carbón; ni la construcción, la minería.
La Autoridad Portuaria -el Estado- deberá asumir objetivos que no le son propios, como calibrar adecuadamente sus efectos sobre el conjunto de consumidores y ciudadanos para determinar el sentido de la decisión, aunque la información está en manos empresariales y su utilización por la Administración resulta materia delicada. Y, en esta singularidad, para que cumpla con su segunda razón de ser: promover la competencia. Lo demás puede hacer más mal que bien, según enseña la experiencia histórica.
Avances que son vitales para el bien de la industria, el empleo, los consumidores y del propio Estado. Una sociedad educada, laboriosa y ahorradora como la nuestra exige decisiones basadas en la ciencia y la experiencia para evolucionar positivamente; no en criterios vinculados por regionalismos o servidumbres de carácter medieval. Las personas no son mercancía, no están sujetas a las reglas del mercado, sino que se benefician del elemento básico del sistema: la competencia.
Hoy día 27, exactamente a cuatro días de la decisión, podemos contrastar todo lo anteriormente expuesto por la nota de prensa aparecida que literalmente trascrita dice así: “Tudela Veguín vincula su plan a la ampliación portuaria en la margen derecha de la ría.......para actividades relacionadas con la manipulación de escoria....advierte del peligro que supondría la apertura de una molienda de cemento para el empleo en las fabricas que ya funcionan en la región y se apela al nacionalismo económico en base a la teoría de que Asturias es una comunidad autosuficiente en materia de cemento y, en consecuencia, no necesita de nuevos productores”.
Aquí hace falta que el responsable portuario se convenza de que la solución viene desde dentro, no de afuera, tal como sucedió en otros lugares. Si queda desierta la concesión hasta que la iniciativa privada autóctona desarrolle un proyecto con peso y reputación suficiente, como para introducir rivalidad en el mercado interior, en balance la región ganaría más de lo que pierde.
Este razonamiento se basa en las ventajas comparativas respecto a los demás (posibilidad del transporte marítimo, posición estratégica) y en la teoría del cemento acumulado. Según esta tesis cuando una región ya ha construido sus infraestructuras y ha albergado dignamente a su población, el consumo se estanca a un determinado nivel; el mercado ya está maduro y convierte al cemento en un mal negocio. No es el caso de Asturias.
Álvaro Fernández Vega Consultor-Asesor. Construcción Miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficialde Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado de Asturias.
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